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El incremento de los procedimientos de cirugía ambulatoria ha ahorrado recursos económicos

El responsable de contenidos de www.neyro,com, el ginecólogo José Luis Neyro, comenzó a realizar procedimientos de cirugía mayor en régimen ambulatorio hace más de dos décadas, “cuando todavía, en los iniciales años 90 del pasado siglo, pocos creían en esta forma de ayudar a nuestras pacientes” recuerda con algo de nostalgia. Recuerdo, continua, que en mi centro, los mayores nos decían que hacíamos “cirugías de la señorita Pepis” en alusión a un juguete infantil.
Hoy, el tiempo, la historia les ha dado la razón a muchos de aquellos pioneros y se reconoce que la proporción creciente de intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo en forma ambulatoria en las últimas décadas ha sido bueno para los pacientes y una utilización mucho más eficiente de los recursos del NHS (servicio nacional de salud), dice John Appleby, economista principal en King’ Fund, en un estudio de datos estadísticos publicado en The BMJ (British Medical Journal).
El artículo explica que, en 1990, un análisis realizado por la Comisión de Auditoría señaló que si todas las autoridades sanitarias en Inglaterra y Gales efectuasen en forma ambulatoria las intervenciones quirúrgicas para 20 procedimientos comunes, como operaciones de cataratas y colecistectomía, “se podrían tratar unos 186.000 pacientes más cada año sin que se incrementaran los costos”.
El Dr. Neyro, uno de los pioneros igualmente de la cirugía endoscópica en España, realizó su primera Histerectomía abdominal Laparoscópica en 1995 y al de poco tiempo se creaban en su centro las unidades de cirugía mayor ambulatoria con recuperaciones en UCSI (unidades de cirugía sin ingreso), que facilitaban los postoperatorios y la recuperación plena de las pacientes de forma mucho más temprana que lo que era ordinario en aquellos momentos.

Después del análisis del estudio aludido, el Departamento de Salud estableció una comisión sobre las intervenciones quirúrgicas durante el día junto con 15 millones de libras esterlinas (21 millones de euros, 23 millones de dólares) de fondos de capital para expandir el número de unidades especiales para tratamiento quirúrgico ambulatorio. Hacia el 2001, casi todos los centros de beneficencia contaban por lo menos con una unidad.

En un análisis de seguimiento en 2001 se ejerció presión para que se avanzara más: “Si todos los centros pudiesen lograr los niveles de los que tienen el mejor desempeño (el cuartil superior de la distribución del porcentaje de casos ambulatorios), se podría tratar a 120.000 pacientes hospitalizados en la actualidad en Inglaterra y Gales como casos ambulatorios para beneficio de todos los interesados”.

Appleby muestra que en 1974 alrededor de 7% (417.000) de todos los procedimientos electivos y no electivos en Inglaterra fueron realizados como casos ambulatorios. Esta proporción aumentó a cerca de 35 millones (6,3 millones) hacia el 2013. En aquella época, apenas iniciaba mis estudios de medicina, pero no eran ambulatorias ni las ligaduras de trompas.

Dado que los pacientes ambulatorios representan un menor costo de tratamiento que los pacientes que permanecen por la noche hospitalizados (en 2013 a 2014, el costo por caso ambulatorio promedio fue de 698 libras esterlinas y el caso promedio de paciente hospitalizado electivo fue 3375 libras), la proporción creciente de la actividad de casos ambulatorios ha llevado a reducir los costos globales, señala. Pero imagínense si no hubiese ocurrido el cambio a los casos ambulatorios, dice Appleby.

Con base en los costos de referencia nacionales informados por los hospitales ingleses, el costo total de tratar a los 6,96 millones de pacientes electivos ambulatorios y hospitalizados en 2013 fue de 8900 millones de libras esterlinas. Tratar a este número de pacientes, pero con la proporción de los casos ambulatorios que se observaron en 1998, tendría un costo de casi 11.000 millones de libras esterlinas (casi 22% más).

Al tratar a un mayor número de pacientes en forma ambulatoria, Appleby estima que el NHS se ahorró en efecto alrededor de 2000 millones de libras esterlinas en 2013, aunque resalta que es probable que esto sea una sobreestimación, ya que está basado en los costos promedio de los casos ambulatorios y de los pacientes hospitalizados electivos.

Aun cuando los casos ambulatorios ahora constituyen casi 80% de todos los procedimientos electivos cada año, es probable que todavía pueda haber más incrementos, añade.

“Suponiendo que la proporción de casos ambulatorios siga incrementando al mismo ritmo durante la siguiente década, como ha ocurrido en los 15 años desde 1998, si no se modifica ningún otro factor, entonces el dispendio total en cuidados electivos en 2013 pagaría por el 22% de mayores episodios de pacientes en 2023”, termina diciendo.

“La paciente es soberana pero no puede imponer técnicas descabelladas”

 El ginecólogo de cruces José Luis Neyro defiende el parto hospitalario aunque reconoce algunos excesos.

BILBAO. El año pasado Sanidad tachó de “excesivo” el número de cesáreas en los hospitales privados. Y es que entre el 35 y el 40% de los partos en las clínicas privadas son por cesárea, mientras que los hospitales estatales rondan entre el 20 y el 26%, casi la mitad. En el caso del hospital vizcaino de Cruces, su servicio de Obstetricia “se desmarca del protocolo del Estado”, practicando uno de cada diez partos mediante cesárea. Por ello, el ginecólogo José Luis Neyro no resulta representativo de los acérrimos enemigos del parto natural. En su opinión, “el 50% de las cesáreas realizadas en la mayoría de los centros estatales son evitables”, afirma. Con todo, Neyro matiza mucho al hablar de partos naturales. Él prefiere el término “parto respetuoso”, que es el que dice que siempre practica. Así, Neyro cree que la paciente es soberana y, que si no quiere, no se le aplica la epidural, por ejemplo.

“Mientras todo vaya bien, yo sólo estoy ahí para vigilar, para controlar el parto; señora, es usted quien lo dirige. Es una situación fisiológica, no una enfermedad”, describe. Ahora bien, “si hay algo anormal, escúcheme”, añade Neyro, quien admite propuestas como que la cuñada acompañe en el parto a la paciente o ésta quiera adoptar otra postura, aunque “si son técnicamente descabelladas, no puede imponer una atención técnica”. Neyro ejemplifica la necesidad de usar unos fórceps si el bebé puede sufrir un daño cerebral. En cuanto al parto natural, a este ginecólogo no le gusta el término. “Quien lo emplea habla desde la ignorancia”, opina. “Es absurdo pontificar tras una mala experiencia: hay mujeres que piden la epidural ya en el octavo mes. Cada caso es distinto”, entiende, recordando el 45% de cesáreas en Brasil “para no alterar el periné”.

Aunque piensa que las numerosas cesáreas no rebajan la mortalidad perinatal, Neyro argumenta que “ningún hospital tiene cero”, pues se da una constante de 4 ó 4,5 muertes por cada mil nacimientos originadas más “por el anteparto que por el parto”. “En todos los partos se da una constante: se quiere la máxima seguridad, mínimos riesgos y la más absoluta independencia a la vez”. Por ello, dice, los ginecólogos se ven “atados de pies y manos”, y admite que muchos de sus colegas, bajo esta presión, optan por la cesárea como una garantía de seguridad.

C.M. DEIA

Sólo el 3% de las mujeres que abortan en la CAV lo hacen en los hospitales públicos

bilbao. La plasmación social de las normativas legales no siempre supone de inmediato una normalidad en la sociedad. Esto sucede con algunas normativas de aspectos genéricos en especial cuando atañen a cuestiones donde entra la propia conciencia y moral. Es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Prácticamente nadie discute -aunque haya sectores que estén en contra- este derecho individual y colectivo en los supuestos que la ley establece. Pero veintidós años después de que la ley entrara en vigor, su ejercicio en el día a día no está a la altura de lo esperado.

Resulta llamativo que en algunos territorios como en Navarra no se pueda ejercer, cuestión que retomará desde esta semana el Parlamento foral. Y aún lo es más que sólo un 3% de las interrupciones realizadas en lugares normalizados como la CAV se realicen en la sanidad pública. Las causas y las razones pueden buscarse en la objeción de conciencia de algunos sanitarios, en la estructura del sistema, en ciertos lapsus de la intimidad de la paciente, en los plazos y pasos a recorrer… Sea como fuere el dato está ahí y es cuando menos llamativo. La ley existe, es clara, no es rechazada y sin embargo su materialización es exigua.

La legislación en vigor desde 1985 regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres supuestos: grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto. Los últimos datos del registro de la CAV de 2005 reflejan que 2.383 mujeres residentes en Euskadi se sometieron a un aborto. “Es una cifra muy inferior a la realidad ya que muchos abortos no se están registrados”, reconoce José Luis Neyro, ginecólogo del Hospital de Cruces.

De las 2.715 intervenciones realizadas en 2005 en la CAV, 443 fueron a mujeres de otras comunidades limítrofes como Nafarroa (50,3%), Cantabria (35,2), La Rioja (7,5%) y Burgos (4,3%). En la mayor parte de los casos (92,7%), el motivo para someterse a un aborto fue la existencia de peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, y en siete de cada diez casos se produjeron dentro de las ocho primeras semanas de gestación. Seguir leyendo Sólo el 3% de las mujeres que abortan en la CAV lo hacen en los hospitales públicos