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Vacuna del HPV – El final de una alarma

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El pasado 24.04.09, viernes, el Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS) que dirige la nueva ministra Dª Trinidad Jiménez, a través de lA Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), emitió un comunicado final sobre el tema de la seguridad de las vacunas frente a HPV que terminaba con la polémica abierta tras el descubrimiento de dos casos en Valencia, en primer lugar y un tercero después en las Baleares, de sendos cuadros convulsivos tras la administración de determinadas dosis de Gardasil a tres adolescentes.

Después de la inmovilización cautelar del lote de vacunas con las que se había vacunado a las tres adolescentes, que se llevó a cabo en fecha temprana de 13.02.09 (puede verse la nota oficial, fechada 16.02.09, de la alerta en el link del antiguo Ministerio de Sanidad y Consumo http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/docs/NI_2009-04_gardasil.pdf ), ahora el MSPS concluye la ABSOLUTA SEGURIDAD de las vacunas aludidas.

Se da así cumplida información en una nota de prensa oficial que resume y recoge las conclusiones del Comité de expertos en Seguridad de las Vacunas frente al Virus del Papiloma Humano – HPV y que puede ser descargada en el enlace http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/docs/2009/NI_2009-06_segVacuPapilomaHumano.pdf, a través de la cual se afirma con rotundidad que NO EXISTE RELACIÓN CAUSAL NINGUNA entre los casos de las convulsiones de las adolescentes de Valencia y de Baleares y la vacunación con Gardasil frente a HPV.

Aún va más allá el comunicado de nuestras autoridades sanitarias pues haciéndose eco de las conclusiones del Comité de Expertos consultados acerca de estos temas de Seguridad Vacunal frente a HPV – Virus del Papiloma Humano, han concluido decidir la DESINMOVILIZACIÓN DEL LOTE DE VACUNAS asegurando así de nuevo la posibilidad de su empleo continuado.

Se alude además en la reconfirmación que las ventajas de la vacunación son muy superiores a los posibles riesgos de la misma y aconsejan a las autoridades de cada comunidad autónoma que la vacunación debe seguir realizándose en las mismas condiciones que cuando esta alerta fue declarada, hace ahora un par de meses y de las que nos hacíamos eco en este web.

Para concluir, afirmamos desde aquí que NUNCA HASTA AHORA, NINGUNA VACUNA DE LAS EMPLEADAS EN HUMANOS HABÍA TENIDO TANTA SEGURIDAD COMO LAS VACUNAS FRENTE A HPV.
Son Dureta actuaron, en todo momento, de forma correcta.
Ministerio de Sanidad y Política Social recuerda que, según decisión de la
Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud (que reúne al
Ministerio con todas las Comunidades Autónomas), la vacunación se sigue
desarrollando con normalidad en toda España.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado
a través de una nota a las autoridades y profesionales sanitarios.

«La paciente es soberana pero no puede imponer técnicas descabelladas»

 El ginecólogo de cruces José Luis Neyro defiende el parto hospitalario aunque reconoce algunos excesos.

BILBAO. El año pasado Sanidad tachó de «excesivo» el número de cesáreas en los hospitales privados. Y es que entre el 35 y el 40% de los partos en las clínicas privadas son por cesárea, mientras que los hospitales estatales rondan entre el 20 y el 26%, casi la mitad. En el caso del hospital vizcaino de Cruces, su servicio de Obstetricia «se desmarca del protocolo del Estado», practicando uno de cada diez partos mediante cesárea. Por ello, el ginecólogo José Luis Neyro no resulta representativo de los acérrimos enemigos del parto natural. En su opinión, «el 50% de las cesáreas realizadas en la mayoría de los centros estatales son evitables», afirma. Con todo, Neyro matiza mucho al hablar de partos naturales. Él prefiere el término «parto respetuoso», que es el que dice que siempre practica. Así, Neyro cree que la paciente es soberana y, que si no quiere, no se le aplica la epidural, por ejemplo.

«Mientras todo vaya bien, yo sólo estoy ahí para vigilar, para controlar el parto; señora, es usted quien lo dirige. Es una situación fisiológica, no una enfermedad», describe. Ahora bien, «si hay algo anormal, escúcheme», añade Neyro, quien admite propuestas como que la cuñada acompañe en el parto a la paciente o ésta quiera adoptar otra postura, aunque «si son técnicamente descabelladas, no puede imponer una atención técnica». Neyro ejemplifica la necesidad de usar unos fórceps si el bebé puede sufrir un daño cerebral. En cuanto al parto natural, a este ginecólogo no le gusta el término. «Quien lo emplea habla desde la ignorancia», opina. «Es absurdo pontificar tras una mala experiencia: hay mujeres que piden la epidural ya en el octavo mes. Cada caso es distinto», entiende, recordando el 45% de cesáreas en Brasil «para no alterar el periné».

Aunque piensa que las numerosas cesáreas no rebajan la mortalidad perinatal, Neyro argumenta que «ningún hospital tiene cero», pues se da una constante de 4 ó 4,5 muertes por cada mil nacimientos originadas más «por el anteparto que por el parto». «En todos los partos se da una constante: se quiere la máxima seguridad, mínimos riesgos y la más absoluta independencia a la vez». Por ello, dice, los ginecólogos se ven «atados de pies y manos», y admite que muchos de sus colegas, bajo esta presión, optan por la cesárea como una garantía de seguridad.

C.M. DEIA

Sólo el 3% de las mujeres que abortan en la CAV lo hacen en los hospitales públicos

bilbao. La plasmación social de las normativas legales no siempre supone de inmediato una normalidad en la sociedad. Esto sucede con algunas normativas de aspectos genéricos en especial cuando atañen a cuestiones donde entra la propia conciencia y moral. Es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Prácticamente nadie discute -aunque haya sectores que estén en contra- este derecho individual y colectivo en los supuestos que la ley establece. Pero veintidós años después de que la ley entrara en vigor, su ejercicio en el día a día no está a la altura de lo esperado.

Resulta llamativo que en algunos territorios como en Navarra no se pueda ejercer, cuestión que retomará desde esta semana el Parlamento foral. Y aún lo es más que sólo un 3% de las interrupciones realizadas en lugares normalizados como la CAV se realicen en la sanidad pública. Las causas y las razones pueden buscarse en la objeción de conciencia de algunos sanitarios, en la estructura del sistema, en ciertos lapsus de la intimidad de la paciente, en los plazos y pasos a recorrer… Sea como fuere el dato está ahí y es cuando menos llamativo. La ley existe, es clara, no es rechazada y sin embargo su materialización es exigua.

La legislación en vigor desde 1985 regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres supuestos: grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto. Los últimos datos del registro de la CAV de 2005 reflejan que 2.383 mujeres residentes en Euskadi se sometieron a un aborto. «Es una cifra muy inferior a la realidad ya que muchos abortos no se están registrados», reconoce José Luis Neyro, ginecólogo del Hospital de Cruces.

De las 2.715 intervenciones realizadas en 2005 en la CAV, 443 fueron a mujeres de otras comunidades limítrofes como Nafarroa (50,3%), Cantabria (35,2), La Rioja (7,5%) y Burgos (4,3%). En la mayor parte de los casos (92,7%), el motivo para someterse a un aborto fue la existencia de peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, y en siete de cada diez casos se produjeron dentro de las ocho primeras semanas de gestación. Seguir leyendo Sólo el 3% de las mujeres que abortan en la CAV lo hacen en los hospitales públicos