Prácticamente nadie discute -aunque haya sectores que estén en contra- este derecho individual y colectivo en los supuestos que la ley establece. Pero veintidós años después de que la ley entrara en vigor, su ejercicio en el día a día no está a la altura de lo esperado.

Resulta llamativo que en algunos territorios como en Navarra no se pueda ejercer, cuestión que retomará desde esta semana el Parlamento foral. Y aún lo es más que sólo un 3% de las interrupciones realizadas en lugares normalizados como la CAV se realicen en la sanidad pública. Las causas y las razones pueden buscarse en la objeción de conciencia de algunos sanitarios, en la estructura del sistema, en ciertos lapsus de la intimidad de la paciente, en los plazos y pasos a recorrer… Sea como fuere el dato está ahí y es cuando menos llamativo. La ley existe, es clara, no es rechazada y sin embargo su materialización es exigua.

La legislación en vigor desde 1985 regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres supuestos: grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto. Los últimos datos del registro de la CAV de 2005 reflejan que 2.383 mujeres residentes en Euskadi se sometieron a un aborto. «Es una cifra muy inferior a la realidad ya que muchos abortos no se están registrados», reconoce José Luis Neyro, ginecólogo del Hospital de Cruces.

«Para muchas mujeres someterse a un aborto sigue siendo una odisea. La organización de los centros públicos no contempla que haya unas instalaciones adecuadas para que se lleven a cabo estas cirugías», comenta el ginecólogo Roberto Lertxundi, quien considera que los hospitales tendrían que dotarse de unidades específicas para estas operaciones. «En ellas se realizarían los abortos sencillos y se evitaría el peregrinar de las mujeres de consulta en consulta».

peregrinaje en osakidetza Para José Luis Neyro los trámites a los que las mujeres deben someterse en la sanidad pública para un aborto son extremadamente largos. Del médico de cabecera al ginecólogo para terminar en un centro de referencia en el que se realiza la intervención. «Todo es muy nebuloso. La mujer tiene que repetir su historia a unos y otros sin contar con la privacidad que requiere el tema. No es extraño que menos del 3% de las interrupciones se hagan en centros públicos. No sólo se debe a la objeción de conciencia de los profesionales, sino también a que el sistema público no contempla esta delicada situación». Este ginecólogo considera que, frente al derecho de un médico a no participar en un aborto, la Administración tiene que poner los medios para que ley se pueda aplicar y no suceda lo que ocurre en Navarra, en donde de hecho ningún centro público o privado realiza la operación. «La creación de un número de plazas a las cuales se exigiera la no objeción podría ser una solución. Es cuestión de voluntad política».

«La sociedad española tiene el tema del aborto solucionado. Nadie se cuestiona si está bien o mal. El debate es inexistente porque el problema está resuelto. Sólo salta frente al derecho del médico a no participar en las intervenciones», apostilla Neyro, al tiempo que señala como el «aborto continúa chirriando. Es políticamente incorrecto y los administradores tampoco lo legislan como es debido. Para hacerlo habría que reformar la Constitución que prima el derecho del nasciturus».

Las asociaciones feministas piden que las pacientes sepan dónde acudir cuando tengan que interrumpir su embarazo. » El papel del médico de atención primaria es fundamental: tiene que ser sensible a este problema».

Las menores lo tienen aún más difícil

Los embarazos no deseados se incrementan cada año entre las adolescentes, que lo tienen doblemente complicado a la hora de ejercer su derecho al aborto. A las dificultades a las que se enfrentan el resto de las féminas, las adolescentes tienen que sumar las presiones de sus familias. Para interrumpir su embarazo, una mujer de menos de 18 años tiene que contar con el permiso de sus progenitores o de su tutor legal, y es ahí donde comienzan muchos problemas. En el examen al que deben someterse estas jóvenes, el psiquiatra suele detectar que sufren presiones. Este especialista es que también suele encontrarse con que las adolescentes inmigrantes tienen grandes dificultades para acceder al aborto. En 2005 en el Estado español, de las 91.000 interrupciones del embarazo, 12.800 se realizaron a menores de 19 años. En Euskadi, algo más del 10% de las operaciones eran adolescentes de menos de 19 años. >N. L.

una legalidad con claroscuros

en la cav

· Registro 2005. El número total de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) notificadas a lo largo de ese año fue de 2.715.

· De otras Comunidades. Los abortos realizados a mujeres residentes en otras CC.AA. fueron 443, siendo la mayoría de comunidades limítrofes como Navarra (50,3%).

2.383

· Vascas. Fueron las mujeres residentes en la CAV que se sometieron a IVE tanto en centros vascos como en otros de fuera.

· Centros acreditados. Fueron siete públicos y otros tantos privados los que notificaron abortos.la · Edades. Las mujeres que más frecuentemente recurrieron al aborto fue el grupo de edad entre los 25 y 29 años y algo más del 10% eran adolescentes (menores de 19 años).

· Salud física. El motivo para la realización de la IVE fue en el 92,7% de los casos la existencia de peligro para la salud física o psíquica de la embarazada.

· La RU-486. La utilización de esta píldora se introdujo en 2001. Desde entonces se ha venido utilizando aproximadamente en una de cada tres intervenciones.

frase

«Frente al derecho de los médicos a objetar, la Administración debe buscar soluciones»

jose luis neyro